A 1.750 metros bajo el lecho marino español hay un almacén subterráneo de gas que nunca comercializó ni un metro cúbico. Durante trece años consecutivos, cuatro gobiernos y dos orientaciones políticas diferentes han mantenido activa una concesión que se prolonga hasta 2044, generando costos constantes que los contribuyentes y consumidores de energía siguen financiando.
Un proyecto que nació como urgencia
El almacén de gas, conocido como Castor, se ubicaba frente a Vinaròs, en la costa de Castellón. La idea figuraba en planes energéticos desde 2002, pero fue catalogada como prematura. En 2006 cambió de categoría: pasó a considerarse urgente y prioritario. El gobierno otorgó la concesión mediante Real Decreto en mayo de 2008 a Escal UGS, una empresa donde participaba ACS con una mayoría del 66,67%.
El contrato incluía una cláusula extraordinaria: si la concesión se extinguía, la empresa cobraría el valor de sus instalaciones sin importar si había existido negligencia o dolo de por medio. Este detalle resultaría decisivo para la factura final.
Dinero que sigue fluyendo
Los números del fracaso son contundentes. Solo en costos de mantenimiento y operación, la última factura ascendió a 200 millones de euros. El desmantelamiento previsto añadirá otros 50 millones. Sumado a inversiones anteriores, la cuenta pública ha alcanzado aproximadamente 1.700 millones de euros, casi lo que el ministro José Manuel Soria calculó en 2013 cuando el proyecto ya mostraba síntomas de colapso.
El almacén permaneció sellado desde su creación, sin enviar gas alguno al sistema energético. Además, durante su breve período de inyección y extracción de gas, registró más de 1.000 terremotos en la zona.
Enagás, la empresa estatal que gestiona la infraestructura gasística española, cerró el primer semestre de 2026 con beneficios de 126,9 millones, un 27,9% menor que en el mismo período del año anterior, lo que refleja la carga que proyectos como Castor representan para el sector.
