El 11 de septiembre de 2001, Al-Qaeda ejecutó un ataque coordinado contra las Torres Gemelas de Nueva York. El saldo fue de 2.997 muertes, más que en el bombardeo de Pearl Harbor. El impacto fue global: la televisión transmitió en directo el derrumbe de ambas torres y conmovió al mundo entero.

El contexto previo explicaba la tensión. Osama Bin Laden había declarado la Yihad contra Estados Unidos desde Afganistán en 1996. Cinco años después, Al-Qaeda ya había atacado las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania (más de 200 muertos) y el destructor USS Cole en Yemen (17 marinos).

La respuesta: una nueva doctrina de seguridad

El presidente Bush declaró inmediatamente la "guerra contra el terror". El Congreso aprobó una ley que autorizaba el uso de la fuerza contra el terrorismo. Ese marco legal se mantiene vigente y, en la práctica, otorga al presidente autoridad para responder militarmente a amenazas terroristas en cualquier parte del mundo, incluso sin consentimiento de gobiernos locales.

El enemigo era, formalmente, las organizaciones terroristas y sus patrocinadores. Pero la doctrina se expandió rápidamente bajo el paraguas de la legítima defensa.

Las guerras resultantes

Afganistán fue la primera consecuencia militar. Tras la negativa talibán de entregar a Bin Laden, Estados Unidos y la OTAN lanzaron la operación "Libertad Duradera". Kabul cayó rápidamente, pero la ocupación duró dos décadas. En 2020, el presidente Trump firmó los acuerdos de Doha que formalizaban la retirada estadounidense.

La segunda derivación fue la guerra de Irak, en 2003. Bush incluyó a Irak en un "eje del mal" junto a Irán y Corea del Norte, argumentando vínculos con el terrorismo internacional que después no se probaron. La invasión fue rápida en el campo de batalla, pero sus consecuencias políticas y sociales se extendieron durante años.

La "guerra contra el terror" redefinió las relaciones internacionales del siglo XXI. Alteró el equilibrio de poder, generó nuevas hostilidades regionales y cambió las reglas de lo que los gobiernos consideraban una respuesta legítima a la amenaza terrorista.