La pena de muerte persiste en aproximadamente 86 países, aunque no todos la ejecutan regularmente. Las legislaciones varían según la jurisdicción: mientras algunos castigan delitos convencionales como narcotráfico, otros condenan a muerte por supuestos que sorprenden en contextos occidentales. En 2025, Amnistía Internacional registró casi 3.000 ejecuciones en 17 naciones, lo que representa un incremento del 78% respecto a 2024.
Delitos religiosos y supersticiones
Arabia Saudí ejecuta por brujería y hechicería bajo una particular interpretación de la ley islámica wahabista. El problema radica en que no existe definición legal clara del delito, lo que otorga margen arbitrario a los jueces. Casos documentados incluyen a Mustafa Ibrahim, ejecutado en 2007 por presunta hechicería destinada a separar un matrimonio, y Amina bint Abdulhalim Nassar, decapitada en 2011 por considerarla "bruja".
Pakistán y Afganistán aplican pena de muerte por blasfemia y apostasía. En Pakistán, 2025 registró al menos once condenas por estos delitos, algunas contra menores de edad. El caso de Shahzad Masih, un joven cristiano de 16 años condenado en 2022 por palabras despectivas sobre profetas, ilustra cómo el sistema castiga incluso acusaciones indirectas. Tras varios años de encarcelamiento, Naciones Unidas cuestionó la legalidad de su sentencia, aunque permanece vivo por ahora.
La crítica política como crimen capital
En países como China, Irán, Arabia Saudí y Yemen, cuestionar al Gobierno puede resultar fatal. Aunque no existe un delito explícitamente titulado así, las autoridades utilizan leyes antiterroristas, seguridad nacional y traición para perseguir disidentes. El profesor saudí Mohammed al-Ghamdi fue condenado a muerte en 2023 por expresar opiniones en Internet y criticar políticas gubernamentales. Meses después recibió un indulto.
Las legislaciones de estos países etiquetan crítica política como terrorismo, espionaje o desestabilización, ocultando la ausencia real de libertad de expresión bajo un ropaje legal. Este patrón revela cómo la pena capital se utiliza no solo para delitos violentos, sino como herramienta de control político y social en regímenes autoritarios.
