La Unión Europea enfrenta un desafío energético crítico: alrededor del 60% de la energía que consume depende de importaciones, principalmente petróleo y gas. Para resolver esto, expertos de la industria plantean una transformación profunda basada en la electrificación mediante fuentes propias.
Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, presentó esta semana en el congreso anual de las cámaras de comercio europeas, celebrado en Valencia, un análisis sobre cómo la electrificación podría reforzar la autonomía estratégica del continente. Según su análisis, países como España e Italia importan cerca del 80% de su energía, mientras que Alemania y Francia rondan el 70% y 60% respectivamente.
Electrificación como solución estratégica
La electrificación permitiría trasladar sectores como el transporte, la climatización de edificios y procesos industriales hacia el uso de electricidad generada localmente. Esto reduciría la dependencia exterior, mejoraría la competitividad industrial y aportaría mayor seguridad energética a la región.
La Comisión Europea ya planteó este año un Plan de Acción para la Electrificación con el objetivo de duplicar el peso de la electricidad en el consumo energético total durante los próximos 15 años. Para que esto sea posible, se necesitan inversiones de 600.000 millones de euros en redes de transmisión y distribución en los próximos cinco años.
Obstáculos administrativos que paralizan proyectos
Sin embargo, la expansión del sistema enfrenta un obstáculo principal: la lentitud de los procesos administrativos. Los trámites de autorización para nuevas instalaciones energéticas pueden extenderse entre seis y siete años, mientras que la construcción física demanda solo algunos meses. Esta desproporción genera demoras que frenan la implementación de proyectos urgentes.
Galán también señaló otras barreras: la falta de contratos de compraventa de energía a largo plazo (prácticos en Estados Unidos pero menos comunes en Europa) y una fiscalidad energética que desincentiva las inversiones. La estabilidad regulatoria y la simplificación de procedimientos aparecen como requisitos fundamentales para acelerar la transición energética que Europa necesita.
