La Comisión Europea avanzó este miércoles con una propuesta para transformar cómo funcionan las contrataciones públicas en el bloque. El objetivo es claro: usar el enorme poder de compra del sector estatal como herramienta de política económica, priorizando a proveedores europeos sobre competidores extranjeros.

Un cambio estratégico para la economía europea

Las administraciones públicas europeas gastan cada año alrededor de 2,6 billones de euros, lo que representa el 15% del PIB de la Unión. Hasta ahora, estas compras funcionaban como un trámite administrativo. La propuesta convierte eso en palanca estratégica para consolidar la industria local y proteger la seguridad económica del continente.

La iniciativa distingue entre dos regímenes: uno favorable para empresas europeas con prioridad de acceso, y otro mucho más exigente para proveedores de terceros países. Los compradores públicos europeos podrán excluir directamente ofertas de países que no hayan suscrito acuerdos de contratación recíproca con la UE.

Además, la Comisión podrá restringir el acceso al mercado de la Unión cuando considere que un país no garantiza trato justo a las empresas europeas. También podrá prohibir la participación de operadores extranjeros si es necesario para proteger intereses de seguridad económica.

Investigación y sectores críticos

La propuesta incluye reglas especiales para sectores estratégicos como materias primas e infraestructuras críticas. Las empresas deberán diversificar sus cadenas de suministro y evitar depender de operadores vinculados a países de riesgo.

Una nueva ley de innovación complementa estas medidas: establece que un mínimo del 50% de las actividades de investigación y desarrollo en contratos públicos de I+D se lleven a cabo dentro de Europa. Así se asegura que el dinero público invertido en innovación beneficie principalmente al tejido industrial comunitario.

El cambio responde a informes recientes que enfatizaban que la contratación pública debe dejar de ser meramente administrativa para convertirse en un pilar de competitividad económica.