El Ejecutivo aprobó este martes dos decretos sobre vivienda tras negociaciones intensas entre PSOE y Sumar. La medida divide el panorama legislativo: un texto reúne las protecciones para inquilinos, mientras que el otro introduce cambios más controvertidos en el régimen de arrendamientos.
Qué incluye el primer decreto
El decreto principal contiene la expansión de las protecciones contra desahucios hasta 2030, la regulación del alquiler temporal y el arrendamiento de habitaciones, y la prohibición a fondos buitre de comprar viviendas hasta 2028. También prorroga automáticamente por dos años los contratos de alquiler vigentes que vencen antes del 31 de diciembre de 2028. Según fuentes oficiales, este texto cuenta con el apoyo inicial de Junts.
El segundo decreto y sus tensiones
El otro decreto introduce contratos indefinidos de alquiler. Este punto fue objeto de negociación compleja: formaciones de izquierda y el Sindicato de Inquilinas lo exigían, mientras que conservadores muestran reticencias. La decisión de separarlo en un texto aparte permitió desbloquearse en las conversaciones y retrasar una hora la reunión del Consejo de Ministros de esta semana.
Para que las medidas sean permanentes no alcanza su aprobación ministerial. El Congreso debe convalidar ambos decretos dentro de 30 días. El Gobierno solicitó formalmente un pleno extraordinario para este viernes, buscando una votación inmediata que evite períodos de incertidumbre legal si la Cámara rechaza algún texto.
