España enfrenta un dilema complejo: necesita centros de datos para competir en inteligencia artificial y digitalización, pero su consumo de electricidad amenaza con desestabilizar el sistema de energías renovables y encarecer la luz para todos.
La vicepresidenta Sara Aagesen prepara un decreto para ordenar este sector. La norma apunta a gigantes como Meta, Amazon, Tesla y Microsoft, que expanden operaciones por el continente y ponen atención en España. El objetivo es que estos centros no impulsen mayor demanda de gas fósil en un sistema donde los precios se definen por el productor más caro (marginalismo), lo que encareciese la electricidad general.
El problema está en el tamaño de la demanda. Actualmente hay solicitudes para instalar 12.000 megavatios de capacidad, concentrados en Madrid y Aragón. Se proyecta que para 2030 haya 2.500 megavatios efectivos. En territorios como Irlanda y Países Bajos, la expansión descontrolada ya causó crisis de precios y problemas de abastecimiento de agua.
Requisitos que generan rechazo
El decreto introduce dos condiciones polémicas. Los centros de más de 1 megavatio deberán probar que el 80% de su electricidad proviene de plantas renovables creadas en los 18 meses anteriores. Además, esta energía no puede representar una disminución de generación renovable para otros consumidores.
La exigencia de simultaneidad (hora por hora) genera reacciones opuestas. El sector renovable la considera "absolutamente ineficiente" porque desaprovecha megavatios de energía limpia que se pierden cada año al no poder consumirse en el momento exacto. Ecologistas critican que los requisitos resultan insuficientes para proteger el ambiente.
Los inversores en centros de datos advierten de una fuga de proyectos valorados en 66.000 millones de euros hacia otros países, junto con la pérdida de hasta 2.000 empleos de calidad en cinco años. Especulaciones adicionales señalan que cumplir el decreto podría triplicar la inversión en generación fotovoltaica, eólica y baterías solo para estos centros, agravado por la falta de redes eléctricas para conectarlos.
La paradoja es aguda: la UE pierde capacidad computacional frente a Estados Unidos y China mientras intenta regular un sector que podría ayudar a cerrar esa brecha.
