La combinación de mayor longevidad y menos personas cotizantes está tensionando el sistema de pensiones en economías desarrolladas. El economista Pablo Gil sintetiza el problema así: el modelo de jubilación se diseñó cuando la esperanza de vida era menor, pero hoy muchos viven hasta los 85 o 90 años, ampliando décadas el período en el que reciben prestaciones.

Este cambio demográfico no ocurre en aislamiento. Ocurre mientras los gobiernos ya endeudados necesitan financiar defensa, sanidad, transición energética e infraestructuras con recursos limitados. En España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) proyecta que el gasto en pensiones representará en promedio el 13% del PIB entre 2022 y 2050. Sin cambios en las políticas actuales, estima que la deuda pública podría llegar al 123% del PIB para 2050.

Un problema de financiamiento, no de desaparición

Gil aclara que sus advertencias no implican que las pensiones públicas vayan a extinguirse. El desafío es otro: el aumento de la longevidad y la reducción relativa de cotizantes obligarán a replantearse cómo financiar un gasto creciente. Actualmente, el Estado ya complementa los recursos del sistema mediante transferencias presupuestarias adicionales.

Según el economista, el horizonte presenta dos caminos principales. Uno es aumentar la productividad de forma significativa, posiblemente mediante tecnologías como la inteligencia artificial, para expandir el crecimiento económico. Otro es convivir durante más tiempo con inflación superior a la histórica—en torno al 3-4%—que deprecie el valor de la deuda pero también erosione el poder adquisitivo de quienes mantienen ahorros en efectivo, depósitos o pensiones que no se ajustan al ritmo de los precios.

La recomendación: empezar temprano

Ante este panorama, Gil recomienda a los trabajadores no esperar a los últimos años de actividad laboral para construir patrimonio. Su enfoque incluye comenzar el ahorro sistemático de forma temprana, invertir periódicamente e integrar esta estrategia como complemento a la futura prestación pública, aprovechando el interés compuesto para multiplicar el capital en el largo plazo.