La crisis de vivienda genera intenso debate público en España. Las medidas de control de precios que propone el Gobierno buscan proteger a los inquilinos, pero un economista advierte que estas políticas atacan el síntoma, no la enfermedad.

Según el análisis, congelar precios de alquiler y establecer contratos indefinidos beneficia a quienes ya tienen vivienda rentada. Pero para quien busca piso, el efecto es el opuesto: estas medidas generan una cola invisible de demandantes que espera y nunca encuentra alojamiento disponible. Los propietarios, ante la regulación, se vuelven más selectivos al elegir inquilinos.

El déficit de construcción

El problema central está en la oferta. En España se construyen alrededor de 100.000 viviendas anuales, mientras que se crean aproximadamente 250.000 hogares nuevos. Este desequilibrio explica gran parte de la crisis.

Hay varios cuellos de botella que frenan la construcción. Primero, la escasez de suelo urbanizable: convertir un terreno en suelo apto para edificar puede tardar entre 8 y 15 años. Segundo, la tramitación de licencias de obras en grandes ciudades como Madrid o Barcelona demora hasta 12 meses. Tercero, los impuestos sobre promociones encarecen el precio final en un 20%. Cuarto, faltan aproximadamente 700.000 obreros especializados en el sector desde 2008.

Datos que ponen en perspectiva

El parque público de vivienda en España representa apenas entre el 2% y 3% del total. La media europea está en 8%. Esta diferencia muestra el desfinanciamiento de vivienda social.

Existe un argumento recurrente: hay 3,8 millones de viviendas vacías en el país. Pero la realidad es más compleja. La mayoría se encuentra en zonas sin demanda, lugares donde simplemente no hay interés de personas que quieran vivir.

La conclusión es clara: regular el precio de algo que escasea no elimina la escasez. Solo redistribuye el problema y desincentiva la oferta.